La demografía española enfrenta una situación revolucionaria. Pasamos de 609.000 extranjeros en 1998 a 2.189.000 en 2003 y a 5.650.000 en 2009. Si la realidad fuese bidimensional -si sólo atendiésemos a la superficie de las cosas- sería un dato para estar orgullosos de nuestro país, capaz de acoger a tanta gente de procedencias tan diversas, sin mayores destrozos en el tejido social. Ningún país en ninguna época ha conseguido tamaña hazaña, recibir tantos inmigrantes en tan corto espacio de tiempo. No sólo hemos adelantado a todos los países europeos en el porcentaje de inmigrantes sobre el total de la población, es que en términos absolutos, sólo Alemania tiene más inmigrantes.
Los argumentos a favor de la inmigración son de dos tipos, a) retóricos: aceptar a gente que está en peor situación económica, política, social que nosotros; acoger a gentes que huyen de la miseria en justa compensación por tantos españoles como fueron acogidos en otros países en las décadas pasadas y b) de tipo económico: sustituir la mano de obra que se jubila; rejuvenecer la pirámide poblacional; ocupar los trabajos que ningún español quiere ocupar.
La situación desde el punto de vista demográfico es revolucionaria, está cambiando la faz del país. Los comentaristas en periódicos y radios apenas la comentan, inconscientes del fenómeno o con tantas trabas políticas o ideas preestablecidas que son incapaces de enfrentarse a él por miedo a caer en la incorrección política. Sin embargo, la inmigración está determinando nuestro futuro. El fenómeno irá adquiriendo importancia con el paso del tiempo: agravamiento de la crisis económica, envejecimiento de la población, necesidad de mayores recursos para atender a las nuevas necesidades.
Habría que formular unas cuántas preguntas, dejar que reposen y debatirlas sosegadamente.
¿Es sostenible la prolongación del fenómeno de la inmigración en las actuales condiciones? ¿Podemos acoger indefinidamente a tantos inmigrantes como quieran seguir llegando sin hacer que quiebre el sistema? ¿Hemos sobrepasado el límite que nuestra estructura económica puede soportar? ¿La aportación de los inmigrantes a la riqueza del país, a las arcas de la seguridad social, es superior a los servicios que demandan o que demandarán en el futuro: sanidad, educación, paro, jubilación, etc? ¿Estamos siendo capaces de digerir el cambio? ¿Qué medidas legislativas han de tomarse para que la situación no derive en un estallido social y una quiebra económica? ¿Por qué los políticos y los medios no hablan con claridad y realismo del asunto?
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