martes, 25 de mayo de 2010

Estos son los datos

He de reconocer que duermo mal, que me despierto a media noche pensando en lo que se nos viene encima, en el descontrol, en la injusticia de lo que ocurre. En muchos países hacen ajustes, en ninguno son tan duros como en este país socialdemócrata. A lo más que llegan es a congelar los salarios, nadie los rebaja hasta el 10%. En otros países comienzan por reducir los gastos corrientes y extraordinarios del Estado, aquí nadie habla de recortes en las autonomías, de reducción de gastos superfluos, de fiscalizar a los bancos tras ayudarles con nuestros impuestos. Hasta se vuelven atrás, después de publicarlo en el BOE, con las medidas  de control financiero de los ayuntamientos. ¡La sociedad está amordazada, dormida, con un fatalismo impropio de un país pendenciero como España! ¿Qué ha pasado, qué está pasando?

A finales de 2009 el Estado tenía un agujero de 99.785 millones, 34.000 los ayuntamientos y 84.000 las comunidades autónomas. ¿A cuánto asciende el monto total de la deuda, sumando a la pública, la de las cajas y bancos y la de los particulares? ¿400 % del PIB? ¿De dónde va a salir ese dinero? La pregunta sigue estando ahí, ¿por qué tienen que pagar los más débiles, si, además, no participaron del pastel en la época de vacas gordas y no han tenido culpa alguna en el desastre actual?

Sí, ha caído la recaudación fiscal un 26,9%, el IVA allegó un 28% menos, el IRPF, un 24,3% menos, en gran parte como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria (datos del Ministerio de Hacienda, diciembre 2009). Sí, ha habido un gasto necesario, pagos a los desempleados y nuevos subsidios a los de larga duración, otro no tan fácil de justificar, estímulos fiscales a las empresas (al automóvil, Plan E): 36.910 millones de euros, casi un 37% del déficit. Pero también ha habido auténtico despilfarro: El cheque-bebé (400 millones anuales), el regalo electoral de los 400 euros en el IRPF (6.000 millones). Y todos esos gastos difíciles de cuantificar, que viene de atrás y que no parece que esté en cuestión: 30.000 coches oficiales, más que en todo EEUU, (con un PIB 11 veces mayor); 200 coches oficiales, casi todos de alta gama, en Sevilla, 300 en Barcelona -con 133 conductores fijos en plantilla; 35.000 asesores de confianza, -solo 1.600 de Gallardón- con un costo de más de 5.000 millones año, o el sumidero de los canales de televisión autonómicos, cuyo déficit anual supera ya los 15.000 millones de euros, más que todo el recorte social junto o el concierto económico vasco-navarro, que pagan 8 veces menos de lo que les correspondería en el régimen general, casi 20.000 millones de euros menos. Y de los 3,06 millones de funcionarios, según datos de la EPA, ¿cuántos son necesarios?

¡Para no dormir!

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