Si ahora compro una escopeta y salgo en mi defensa

Juan José R. R., de 50 años, envió desde la cárcel una carta firmada a su hermano Andrés y a su cuñada Lucía: "Cuando salga libre, os voy a matar a todos, y os echaré de casa". Los destinatarios de la misiva estaban de líos de herencias y se tomaron en serio las amenazas.

Juan José, profugo en atracos, tráfico de drogas y agresiones, en los años setenta, cercado por la policía, cogió a una mujer como rehén en un asalto a una sauna de Barcelona y salió del local disparando a los agentes. En el fuego cruzado, la rehén murió.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Rubí asumió la denuncia por la carta y, en julio de 2003, le condenó por amenazas y le dictó una orden de alejamiento: durante seis meses, no podía acercarse a menos de 500 metros a la casa de Andrés. El 18 de julio de 2004, obtuvo un permiso de salida.

Andrés, Lucía y las dos hijas de ambos ocupaban la planta baja de un modesto inmueble de dos alturas encajonado en la sierra de San Cugat del Vallés. Juan José salió de permiso el día 18. Lo sorprendente del caso es que, al darle el permiso, el juzgado de vigilancia estableció como domicilio del preso una casa contigua a la de Andrés, donde vivía otra hermana de Juan José, que también estaba de gresca con la herencia.

Lucía y Andrés ese día oyeron disparos en su casa, y durante la refriega, la primera planta de la vivienda ardió. "A mi perro, pastor alemán, que salió en defensa nuestra, le pegó un tiro". El animal murió. Andrés cayó al vacío tras subirse al tejado, desde una altura de seis metros. "Venía hacía mí y le lancé una teja. No sé qué me pasó y caí al suelo”. Su pie izquierdo quedó destrozado. En el juicio por estos hechos, el fiscal pidió para Juan José casi siete años de cárcel por los delitos de incendio, amenazas, lesiones y quebrantamiento de condena. La Audiencia de Barcelona le impuso sólo dos años por las amenazas, y 24 meses de multa (cinco euros diarios) por no vulnerar el alejamiento. El tribunal vio acreditado que el acusado intentó entrar en la casa de su hermano y que rompió aquella noche dos ventanas del inmueble. Pero entendió que no había pruebas de que fuese el autor del incendio, ni de las lesiones de Andrés, ni que hubiese disparado al perro. "Echó la culpa a tres encapuchados. Y van y le creen...".

Cuatro años después, la casa sigue calcinada. "No tenemos dinero para arreglarla". Ahora viven en la planta de arriba, que se salvó de las llamas. En total, siete personas en tres habitaciones. Lucía y Andrés, sufrimiento y penurias. Sus hijas, 16 y 13 años, miedo e incertidumbre.

El abogado de oficio ha desistido de llevar el caso al Supremo. "Uno privado nos pide cuatro millones, y no los tenemos...". Lucía y Andrés han reclamado que se les indemnice con 260.000 euros ("En el incendio lo perdimos todo") por el error judicial. La petición ha sido denegada. "Si ahora compro una escopeta y salgo en mi defensa, que la justicia no me pida luego explicaciones, ¿eh?...".